La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos impuso ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, lo que eleva a tres los encarcelados tras el director general de Empleo, Javier Guerrero, y su chófer. Esa fue la petición de la fiscalía por la gravedad de los delitos, porque existía riesgo de fuga y por la posibilidad de obstrucción de las fuentes de prueba.
También hemos de decir esto para no apuntarnos a la falsedad y el sectarismos que esta sembrado en España.
El auto dictado el pasado 14 de marzo por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas de casi 120.000 euros cobradas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público" por orden del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en prisión desde la semana pasada.
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