Coincidiendo con los días en que comienza la campaña electoral, desde el Ministerio de Justicia se ha presentado ayer, 6 de mayo, un Mapa Integrado en el que presuntamente se muestran “las zonas del territorio nacional en las que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior”.
Al acto asistieron, además de los medios de comunicación, representantes de comunidades autónomas, asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica y universidades. Todos ellos llevan años promoviendo iniciativas semejantes, generosamente subvencionadas con fondos públicos y cuyos magros resultados no dejan de sorprendernos. No podía ser de otra manera cuando se da la mano el interés manipulador que caracteriza a las instancias subordinadas a intereses políticos con la falta de pericia en el tratamiento de las evidencias históricas y documentales.
En el caso de iniciativa gubernamental que nos ocupa, de entrada, resulta difícil el acceso a la información presentada por el Ministerio de Justicia. Ayer la web permanecía bloqueada, frenando así las primeras objeciones que se hubieran hecho públicas al mismo ritmo que los fastos oficiales. Hoy, 7 de mayo, hemos podido acceder a una página en la que se lee:"Conforme a lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno de la nación tenía el encargo de confeccionar un mapa integrado de todo el territorio español en el que constaran los terrenos en que se han localizado restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra civil o la represión política posterior".
Nada más lejos de la realidad. En primer lugar porque no se distingue entre víctimas debidas a uno y otro bando. Menos aún se disciernen las causas de defunción, mezclándose a las víctimas de la represión con los caídos en operaciones bélicas y, por último, se contabilizan también algunas fosas que ya han sido exhumadas y sus restos trasladados a cementerios, ocultándose los enterramientos de miles de víctimas del terror rojo que se encuentran en las mismas circunstancias.
Podemos demostrar todo lo dicho, centrándonos en el caso de la provincia de Badajoz que conocemos bien por haber sido objeto de nuestra propia investigación y la elaboración de una Tesis Doctoral recientemente defendida en la Universidad San Pablo CEU.
En este caso, llama la atención el escaso número de fosas identificadas y, más aún, la identidad de los en ellas localizadas. Sin necesidad de subvenciones millonarias, en mi trabajo citado se identifica a un número de víctimas mucho mayor tanto en lo que a la represión de ambos bandos se refiere como a los caídos en acción de guerra.
De las fosas citadas, varias de ellas corresponden, en efecto a víctimas de la represión en la retaguardia nacional y en la posguerra pero encontramos una serie de casos en los que las víctimas fueron ya exhumadas en su día y trasladadas a los respectivos cementerios. Así ocurre, entre otros lugares, en Casas de Don Pedro y Orellana la Vieja. Ahora bien: ¿Por qué no se incluye a los asesinados por el Frente Popular en dichas poblaciones y también trasladados en su día a los respectivos cementerios?
Ante todo, porque el mapa se ha elaborado con una absoluta falta de criterio y no para responder a una demandada de conocimiento científico del pasado sino a intereses políticos y económicos. En caso contrario se deberían haber excluido del estudio las fosas previamente trasladadas a cementerios o incluirlas todas cosa que no se ha hecho, en el caso que nos ocupa, en lo que a ninguno de los bandos se refiere.
Algo parecido ocurre con la procedencia de las víctimas clasificadas por causas de muerte. Al menos en el caso de Badajoz, los investigadores del Ministerio de Justicia vuelven a repetir lo que ya hicieron sus precursores al servicio de las estrategias de la memoria histórica respaldada por la Universidad de Extremadura y basta acudir al detalle sobre la información de las fosas detectadas para encontrarnos con sorpresas como las que reseñamos:
Monesterio: No resulta difícil advertir que “Manuel Layngo Bautista” es, en realidad, Manuel Sayago Bautista, Sargento de Infantería del Regimiento Castilla, muerto en acción de guerra en 1938 y cuyo cadáver fue, como se reseña en la web, trasladado al Valle de los Caídos. Así consta también en el libro de Antonio Manuel Barragán Lancharro: República y Guerra Civil en Monesterio.
Campillo de Llerena: Aquí son cuatro los reseñados: Pedro Márquez Navas, Emiliano Martín Elneiso, Adriano Martínez de Sana y José Navas Palomo. Carecemos de datos acerca de la identidad de tres de ellos pero el presunto “Emiliano Martin Elneiso” no es otro que Emiliano Martín Enciso, Alférez Provisional caído en el frente, circunstancia que muy probablemente se daría también en los otros pues todos ellos fueron trasladados al Valle de los Caídos el 24 de marzo de 1959.
Monterrubio de la Serena: Aquí la fosa de presuntas víctimas del franquismo presenta cuatro nombres: Enrique Acosta Hidalgo; Lamberto, Córdoba Ergueta; Juan Luis Quetabas Ferrer y Sebastian Quetabas Tous. De nuevo los apellidos deformados no impiden descubrir a Juan Luis Quetglás Ferrer y a Sebastián Quetglás Tous, ambos soldados nacionales oriundos de Palma de Mallorca y muertos en acción de guerra en el frente de La Serena. Extremeño era Enrique Acosta Hidalgo, procedente de la localidad de Cilleros (Cáceres) y fallecido en parecidas circunstancias.
Zalamea de la Serena: Jorge Col de San Simón es, en realidad, otro soldado nacional procedente de Palma de Mallorca y caído en el frente.
Quintana de la Serena: además de otra fosa con 16 cadáveres innominados, se reseña en esta población una fosa con los cuerpos de Domingo Fernandez Lambea y Ricardo Martin Romero. El primero de ellos, un niño de 7 años. Ambos fueron asesinados por milicianos rojos cuando se retiraban de la población en julio de 1938. En una segunda fosa se alude a Esteban Barquero Barquero, Isidro Barquero Barquero, Miguel Barquero Barquero, Rafael Barquero Barquero, Ramón Barquero Barquero, Pedro de la Cruz Barquero, Rafael de la Cruz Barquero, Diego de la Cruz Nogales, Juan Díaz González y Francisco Martín Robledo, todos ellos asesinados por los frentepopulistas el 21 de agosto o el 13 de octubre de 1936. Otros tres vecinos de Quintana muertos en las mismas circunstancias aparecen como trasladados desde una fosa de Badajoz capital al Valle de los Caídos: Esteban Barrero Cáceres, Joaquín Barquero Hidalgo-Barquero y Antonio de Tena Dávila. Algo parecido ocurre en Peñalsordo donde también han sido incluidos dos asesinados por el Frente Popular: Bernabé y Nicolás Serrano Milara y en Herrera del Duque donde las víctimas del terror rojo son: Valeriano Carapeto Rodríguez, Timoteo Carpio López, Ignacio Chacón Lázaro, Fernando Chacón Torralba, Sebastian Chacón Torralba, Francisco Chacón Vallés, José Chacón Velasco, Juan M. Domínguez Villarejo, Fernando López Muñoz y Federico Muñoz Muñoz. En ninguno de estos casos, se señala como causa de muerte “Fusilamiento” circunstancia que sí se hace constar cuando se trata de víctimas de la represión en zona nacional, por ejemplo en el caso de los vecinos de Valle de la Serenatrasladados a un mausoleo ubicado en el cementerio municipal. Insistimos, todos estos casos demuestran la completa falta de criterio con la que se ha elaborado este mapa, ya que si se hubiera pretendido identificar a todas las víctimas tanto de un bando como de otro y tanto por causas represivas como militares se hubiera debido incluir a los miles de casos documentados y enterrados en lugares conocidos.
Por el contrario, todo produce la impresión de una confusa acumulación de nombres con vistas a incrementar los puntos reseñados en un mapa que los medios de comunicación nos han presentado como el escenario de lo que ellos llaman la “represión franquista”.
En la medida que estas impresiones, necesariamente apresuradas, puedan extrapolarse al resto del mapa elaborado y avalado por el Ministerio de Justicia, se confirmará que estamos ante uno más de los fraudes promovidos por la llamada recuperación de la memoria histórica.
Fraude por la absoluta falta de profesionalidad. Pero fraude, sobre todo, por la falta de respeto a la dignidad de todas las víctimas de la guerra civil y a la convivencia entre los españoles. Ahora bien, no caigamos en la trampa de que este fraude sirva para justificar una minimización de la tragedia que supuso la revolución y la Guerra Civil en la España de los treinta. Tampoco, por ser el caso del que nos hemos ocupado, de los episodios que tuvieron por escenario a Extremadura en general y a la provincia de Badajoz en particular. Varios miles de personas fusiladas como consecuencia de la aplicación de los bandos de guerra y de los procesos judiciales de naturaleza militar, así como manifestaciones de una represión irregular que se mantuvo hasta fechas muy avanzadas son lo suficientemente expresivas para plantear con toda seriedad la cuestión. Algo semejante cabría decir de las represalias que tuvieron lugar en la zona frentepopulista y que costaron la vida a algo más de mil quinientas personas. Con razón denunciaba José María García Escudero en 1976: “Que yo sepa, ni uno solo de los partidarios de la causa republicana que deploraron sus excesos, por muy sinceramente que lo hicieran (y no lo pongo en duda ni por un momento), no la negaron por eso justificación. Ni se les pasó por la cabeza hacerlo ¿Es mucho pedir que sean consecuentes consigo mismos cuando consideran la posición del bando contrario?”.
Resulta difícilmente previsible qué ocurrirá en los años venideros al socaire de iniciativas como la que venimos glosando. Lo más lógico sería que esta oleada se desvaneciera en su propia esterilidad pero el absoluto control ideológico de la Universidad estatal, el dirigismo de la política de publicaciones y el verdadero terrorismo intelectual que se practica con los disidentes hace previsible la proliferación de una intrascendente historiografía de ámbito local inspirada en el mito de la memoria histórica al tiempo que se convierte en un reto la capacidad de supervivencia de los pocos intentos de mantener una postura independiente y crítica.
Naturalmente, la dificultad de una tarea no implica la dimisión de ella sobre todo cuando se tiene la convicción de que es importante contribuir a salvar la memoria de los que vivieron la Guerra Civil, de los que nacimos en la España en paz y de las generaciones más recientes que están sufriendo la tentación de destruir el patrimonio recibido.
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El suceso tuvo lugar en un cajero de una entidad bancaria ubicada en la calle Ancha. · Autor: Faro
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