¿ QUÉ mosca cojonera le picó a Miguel Sebastián, ministro de Industria, el “Día del Orgullo Gay” para, encabritado por el dolor o arrebatado por la ira, imponer a Interconomía una multa de 100.000 € por el mero hecho de defender lo normal frente a lo anormal? Porque este es el fondo de la cuestión. Intereconomía se limitó a la defensa de la heterosexualidad, que es lo moral y estadísticamente correcto. Que lo hiciera en coincidencia con el grotesco y provocativo carnaval del “Orgullo Gay” no da pábulo para una reacción administrativa tan ajena a principios normativos como totalitaria. A menos que la afección a lo normal de un medio de comunicación independiente se convierta en avispero agresivo que clava sus aguijones en los culos acomodados a lo “políticamente correcto”. A la tiranía de la inmoralidad como columna vertebral del sistema. Podría darse, no obstante, que la multa en defensa de la sodomía, escondiera la amenaza a “La Gaceta” de futuros chantajes si no cesa en su esfuerzo de sacar al aire libre las irregularidades de José Bono.
CUANDO A LAS COSAS SE LAS LLAMABA POR SU NOMBRE
ES difícil, y hasta imposible, que quienes nacimos en torno a 1923 dimitamos de la entereza del lenguaje y caigamos en la trampa de su desfondamiento y manipulación pervertidora que Gramsci, al servicio del comunismo, convertiría en estrategia encaminada a desfondar la moral y la cohesión de las sociedades que se perseguía someter. Ni a izquierda ni a derecha era aceptada la mariconería en tiempos de mi infancia y de mi adolescencia en zona roja. Estaba excluida de las prédicas del amor libre. Una actitud refractaria que conocí de cerca durante el año y medio que viví en una fábrica de ladrillos incautada por UGT y mi militancia en la CNT entre comienzos del 38 y el final de la guerra.
Es ocioso recordar el destino que deparó Durruti a maricones y prostitutas enviados desde Barcelona por el PCE y coadyuvantes para corromper la capacidad combatiente de la columna anarcosindicalista en el frente de Aragón. Pero sí anotar que esa estrategia disolvente, dirigida por los consejeros soviéticos, inspiró a Orwell su premonitorio y cada día más actual “1984”. Y asimismo, que esa estrategia disolvente de primar lo anormal sobre lo normal en cualesquiera ámbitos la haríasuya la progresía liberalista, el otro brazo operativo del NOM.
No acepto prohibición alguna a la hora de historiar el uso del lenguaje que prevaleció en cada etapa de mi prolongada existencia. No es asunto de opinión, sino de análisis histórico.
El término homosexual era desconocido para los niños de mi tiempo y la mayoría de los maduros. Era patrimonio de minorías intelectuales o profesionales. La riqueza del español nos facilitaba hablar con naturalidad de la mariconería y las matizaciones de comportamiento que conllevaba. Ya lo expliqué en alguna ocasión: mariquilla, mariquita, maricona, maricón y mariconazo, con el añadido de multitud de sinónimos, la mayoría de los cuales se nos escapaban, aunque algunos nos facilitaron los autores clásicos. De cada clase los había en nuestro entorno y con ellos convivíamos siempre que no se salieran del tiesto. Me refiero a maricones y mariconazos.
Lógico que, afincado en la ética excluyente de la aquella lejana izquierda, comentara en la barra del bar un antiguo ferroviario socialista que combatió a las órdenes de Líster: “A éstos –se refería al carnaval “gay” que retransmitía la televisión- los habríamos apiolado por enemigos de la causa”. Ahora las cosas han cambiado radicalmente y la izquierda advenediza amordaza la memoria histórica de aquella otra izquierda para la que la sodomía entrañaba una vulneración inaceptable de la naturaleza en materia sexual. El viejo y recalcitrante ferroviario nada sabe del NOM. Aunque algo barrunta cuando clama: “Este Zapatero nos ha vendido al capitalismo”.
Escandalizó asimismo a la progresía que Eduardo García Serrano llamara guarra a la consejera catalanista que hizo suyo y obligatorio para los escolares un abyecto prontuario de perversión sexual que habrá hecho las delicias de los pederastas y toda la gentuza de esa calaña. La reacción progresista fue inmediata y virulenta. Eduardo se excusó caballerosamente en su siguiente intervención en “El gato al agua”. Presumo que en buena parte para no crearle mayores problemas al exitoso programa que lo hospedaba.
Eduardo García Serrano es un excelente y culto periodista que se ha ganado a pulso en el ámbito radiofónico, durante años, un sólido crédito de independencia, de servicio a la verdad y de amor a España. Eduardo, además, ha mamado de nuestra literatura, y de su padre, uno de los mejores narradores españoles del siglo XX, el valor exacto de las palabras.
También en aquellos lejanos tiempos a que me refería respecto de la mariconería, era común el calificativo de “guarra” o “guarro” para personas que andaban por lances parecidos de transgresión de lo natural y normal, aunque sin llegar a los extremos degradantes de la consejera catalanista. Pero sin retrotraerme tan lejos en el tiempo, acudo al Diccionario de Uso de María Moliner. Y copio lo que establece respecto del término “guarrada”, obviamente, derivado de guarro y guarra: “Cochinada. Acción realizada con suciedad. Indecencia. Acción desaprensiva o falta de delicadeza. Jugada. Acción realizada desaprensivamente contra cierta persona”. En el caso de la consejera catalanista, contra miles de niños cuya inocencia se viola de forma artera. Una acción de esta índole encaja con lo que en términos jurídicos se conoce como perversión de menores, además de ser una guarrería. Resulta, sin embargo, que la corrupción de menores no es delictiva cuando se promueve desde centros de poder político al servicio del NOM.
UNA EXPLOSIÓN OCASIONAL DE PATRIOTISMO HUÉRFANA DE VOZ REDENTORA
SORPRENDERÁ a algunos de los lectores que haya embocado la crónica con la glosa de esas dos muestras relativas al totalitarismo chapucero y arbitrista del gobierno Rodríguez y sus secuaces de una progresía tan falsa como los antiguos duros Amadeos. Les parecerá que no debía escapar a la euforia desatada por el campeonato del mundo de fútbol que ganó la selección española y a las interpretaciones sobre la inmensa marea de banderas de España que ha cubierto el territorio nacional sin excepciones. Pero ya expuse mi parecer anticipadamente. La cosa merece, sin embargo, un añadido.
La interpretación más generalizada subraya que la selección española de fútbol hizo aflorar un soterrado y dormido patriotismo, un sentimiento unitario de España, que no ha encontrado el mástil político sobre la que izar su bandera. La bandera, por supuesto, de una atractiva empresa a realizar en común que tantos soñamos. Esa marea patriótica desencadenada por el fútbol invita a no pocos columnistas a considerarla como la demostración de que existen mimbres sociales para un empeño reformador de “unidad en la diversidad en democracia”. ¿Y por qué no la soldadura entre pasado y presente, rota por el esquizofrénico revanchismo de una izquierda adventicia, desenterradora del hacha de lejanos enfrentamientos que los transacionistas de 1978 enmascararon en el texto constitucional? También e este ámbito tuvo no poco de simbólico el triunfo en el encuentro de la final de la Copa del Mundo.
La casualidad reglamentista de la organización, una concatenación de causalidades cuyo misterioso engranaje desconocemos, según anticipó Pitágoras, quiso que “la roja” ganara el campeonato mundial de fútbol vestida de azul. Mucho pulpo, pero nadie ha reparado, o no ha querido hacerlo, en el alcance simbólico de un triunfo en que lo rojo y lo azul se recosieron victoriosamente.
UNA CONSTITUCIÓN EN TRANCE DE INEXORABLE NAUFRAGIO
SE pensará asimismo que un comentarista político debería dar prioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y no estarán ayunos de razón los que así piensan. ¿Pero acaso no existe un común trasfondo entre la gestión de la sentencia durante cuatro años de batalla intestina, su resultado final y los dos casos de amordazamiento de aquellos medios y personas que persiguen la verdad, desfondan la costra encubridora de una ominosa realidad y se convierten en enemigos a perseguir con saña?
Confieso haber leído superficialmente los más de ochocientos folios de farragosa e inconcreta literatura jurídica que componen la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han hecho por mí, y presumo que para la mayoría de los columnistas, equipos de algunos medios que los han parcelado. Las interpretaciones no son coincidentes. Lo que pone de relieve que el retorcimiento argumental de la sentencia se presta a ello y que el Tribunal Constitucional ha dejado abiertos no pocos portillos a la inconstitucionalidad flagrante del Estatuto catalán y al maniobrerismo artero del gobierno para consolidar los hechos consumados por del entero frente secesionista. Desvarío propugnado y amparado en todo momento por Rodríguez desde su nidal moncloaca, neologismo éste que ya apliqué en tiempos de los manejos de Suárez y Felipe González. Y no es que el escenario lo imponga. Lo enfangan o enaltecen quienes lo habitan.
Los votos discrepantes de cuatro magistrados son iluminadores respecto a esa suerte de ciempiés artrítico que es la sentencia. Rigor jurídico frente a la calculada ambigüedad, las contradicciones y las nuevas vías de agua abiertas por la sentencia en el casco maltrecho de una Constitución en trance de inexorable naufragio.
Una parte sustantiva de los argumentos esgrimidos por la sentencia para admitir o rechazar las alegaciones de las partes se apoya en el dictamen previo del Abogado del Estado. Desconozco si se trata de una persona o de un equipo de la Abogacía del Estado. Pero es en ese dictamen o informe donde reside la madre del apaño. No cabe desconocer que, por desgracia, y al igual que la Fiscalía del Estado, la Abogacía del Estados se ha convertido no pocas veces en la larga mano del gobierno.
Hace muchos años que cursé los estudios de Derecho. Pero quedaron grabados en la memoria principios básicos, luego reforzados en el curso de mis relaciones profesionales y amistosas con eminentes juristas y filósofos. La parte expositiva de las normas fue siempre cuidadosamente elaborada, una vez que en ella se aquilataba el espíritu de la ley. No como mera referencia interpretativa del articulado, sino de guía iluminadora de posibles dudas. Era el motivo de que existiera en las Cortes una llamada Comisión de Estilo, integrada por destacados profesionales en diversas materias, que pulían hasta el extremo los textos legales para que cada palabra fuera fiel a su nervadura conceptual. Algo que parece despreciar la izquierda, al igual que tantos principios básicos de Derecho. Y es que un Estado de desecho como el actual no puede prosperar en el marco del rigor. Necesita de la confusión y de la irracionalidad para su obligada tarea de destrucción.
DOS CAMBIOS DE BANDO HICIERON POSIBLE EL ENGENDRO
ME ocuparía demasiado espacio un resumen de los contundentes cuatro votos particulares a que antes aludía. Pero creo que lo sustancial de los mismos comparece en los siguientes pasajes de cada uno de ellos que “El Mundo” sacaba a titulares. Cuando otros hacen bien las cosas nada me importa apoyarme en ellos:
Vicente Conde: “El TC ha abdicado de su función al salvar el Estatut negando lo que dice” (Considera inconstitucionales 67 artículos más que la sentencia)
Javier Delgado: El Constitucional “usurpa el papel del legislador y cream un Estatuto nuevo” (Estima inconstitucionales 67 artículos más)
Rodríguez-Zapata: “La sentencia es un sofisma que conduce a una perfecta fragmentación del Estado”. (Aprecia que otros 106artículos son inconstitucionales”.
Rodríguez Arribas. “Si se acepta que existen derechos anteriores a la Constitución se estaría sugiriendo su nulidad”. (Ve otros 27 artículos inconstitucionales).
La sólida argumentación de estos magistrados responde a criterios mantenidos durante los interminables cuatro años en el curso de los cuales el gobierno, a través de María Antonia Casas y los magistrados afines al PSOE, logró retrasar la sentencia, en tanto la Generalidad aplicaba hasta los contenidos más turbios del Estatuto con el concurso de la Moncloa. Y en tanto Rodríguez, culpable principal del desaguisado estatutario, intentaba modificar la mayoría constitucionalista mediante oscuras y tramposas maniobras.
Prestaron su asentimiento al engendro dos de los magistrados que durante años mantuvieron una oposición en gran medida pareja a la los cuatro autores de los votos particulares. Uno de ellos, del ala progresista, atrajo la atención de los medios a causa de su robusta oposición a la constitucionalidad del Estatuto que defendía el gobierno al que debía su nombramiento. Se escribió que para vencer su resistencia el gobierno le había ofrecido un puesto de relieve en la más alta magistratura cuando abandonara el TC. Fueron numerosos los elogios a su probidad jurídica y a su independencia. Precedentes que de manera inevitable, y en el marco de la lógica, afloran a raíz de su inesperado cambio de rumbo. ¿Y qué indujo al otro magistrado, Jiménez, a desdecirse de los argumentos utilizados para participar en el bloqueo de las anteriores ponencias, siempre favorables a lo que convenía a Rodríguez y al secesionismo catalanista? Algún día lo conoceremos. No sólo por la índole de su futuro profesional o de posibles y exigentes vinculaciones hasta ahora ocultas. No están exentas de fugas las cañerías moncloacas por las que circulan los ácidos corrosivos de la legitimidad de ejercicio en la política de Estado.
SE CUECE UN NUEVO AUTOGOLPE DE ESTADO
LA ambivalente y retorcida sentencia del TC satisface en buena medida los anhelos disgregadores de Rodríguez. Pero no parece suficiente. Se apresuró anunciar que modificaría mediante leyes orgánicas todos aquellos contenidos de la sentencia que repelen a Montilla, amén de la izquierda radical y la presunta derecha moderada del catalanismo, más hábil y farisaica en el chantaje que los convenidos en el gobierno de la Generalidad. Pero siempre dispuesta a ir aún más lejos si se trata de apurar la rapiña económica a costa del resto de los españoles. Aún que sin llegar a consumarlo, el mero anuncio de alteración de la sentencia del TC mediante imposiciones del Ejecutivo y compadreos con Montilla, adquiere todos los visos de autogolpe de Estado y roza laP presunción de un delito de rebelión. Existe al respecto una abundante literatura política y jurídica al alcance de quienes quieran ahondar en la cuestión. Juró fidelidad a la Constitución que ha trasgredido en más de una ocasión. Y ahora, con muy superior gravedad. ¿Se le podría acusar también de traicionar la Constitución, los fundamentos de la democracia y la unidad de España?
El secesionismo catalán también se ha rebelado contra la sentencia del TC, pese a serle favorable en aspectos nada desdeñables y otorgarle amplios espacios para la consecución de sus fines. Inctrumentó una ardiente manifestación de protesta en la que sólo en autobuses para acarrear adeptos invirtió la Generalidad dos millones de euros. Fue raquítica en relación con lo anunciado, esperado y luego pregonado. Y terminó en gresca promovida por los independentistas extremosos. No se puede alimentar impunemente la crispación y el radicalismo. La demagogia sostenida es el caldo de cultivo idóneo para la violencia, la cual no sólo compareció contra Montilla, sino con superior agresividad contra esa otra mayoría de españoles de Cataluña que festejaban la victoria de la selección nacional de fútbol enarbolando la Bandera Nacional. Retorna el fantasma de octubre del 34, aunque todavía sin que aturdan los disparos, aunque sí el fuego y la camorra independentista. Pero todo puede llegar si se persiste en el proceso que se ampara y excita desde la Moncloa y Ferraz.
Desde muy variadas esquinas, también de ese centro derecha del periodismo que nada entre dos aguas, se ha reprendido a alguna de las autonomías del PP su rechazo a aplicar la Ley del Aborto, o de derecho a la matanza de inocentes. Al más abominable de los genocidios. Pero no se consideran contraria a la ley ni a la democracia la acciones de rebelión de la Generalidad y todos los partidos secesionistas. Ni otras muchas agresiones a España, a sus símbolos y al Jefe del Estado. Doble y aviesa vara de medir al servicio del NOM. Es la anti España la que prevalece como eje la política subordinada de Rodríguez.
Retorné tarde a casa por motivos personales que no vienen al caso. Sólo ocasionalmente escuché trozos de del presunto debate sobre el “Estado de la Nación”, si bien leí luego los resúmenes en los diarios digitales. Sin perjuicio de un posterior abordaje, me pregunto: ¿De qué naciones perseguía conocer su estado?. No de España. Sería estúpido esperarlo de un sujeto que omitió el ¡Viva España! en la recepción a los ganadores de la Copa del Mundo de fútbol, quienes suplieron la omisión. Rodríguez lleva impresa la muerte de España en su enfermizo cerebro.
España empezó a dejar de serlo con la Constitución de 1978 y a la que treinta y dos años después. Y oído Rodríguez, encaramado a la cucaña de la feria parlamentaria podría aplicarse aquello de “ni está ni se les espera” que la astucias de Sabino Fernández Campos utilizó para desmentir, o escamotear, que el general Armada promovió su acción institucional en nombre del rey. El debate del estado de la No Nación por parte de Rodríguez y de los serviles aplaudidores de la izquierda desembocó en una grotesca charlotada o aquelarre de brujos y brujas escapados de la lejana noche de Walpurgis en que nació la Orden de los Iluminados. | ![[Valid Atom 1.0]](valid-atom.png "Validate my Atom 1.0 feed")
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